Menú Cerrar

Latinoamérica frente a la emergencia sanitaria

Latinoamérica frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19

El presente artículo sobre Latinoamérica frente a la crisis del coronavirus ha sido escrito por Franco Morosoli e Ignacio Vegas.

Entre el sinfín de excepcionalidades que la actual crisis del coronavirus genera, resulta interesante detenerse en una -quizás la más obvia de todas, aunque de un carácter histórico sin precedentes-: todo el mundo se enfrenta al mismo problema, una pandemia producida por un nuevo virus para la humanidad. Más diseminado en algunos países (con sistemas sanitarios saturados y un número de infectados en aumento) y con menos presencia en otros, pero a sabiendas del posible panorama venidero; todos los Estados se encuentran ante el avance de una enfermedad para la que todavía no se tiene vacuna ni tratamiento específico. La agenda mundial es una sola y la salida es un desafío en todas las latitudes.

La respuesta pública en el cono sur

Con este escenario y ante la urgencia de la realidad, es tan imprescindible como inevitable incorporar en el centro del debate el rol, el alcance y la responsabilidad del Estado. Los posicionamientos, las medidas, las formas elegidas para la comunicación, así como los vínculos diplomáticos, dejan en claro quién es quién en este mundo globalizado.  En una coyuntura apremiante en el marco de una emergencia sanitaria y con una recesión económica en puerta, se caen las máscaras y se revelan -por si quedaba alguna duda- tanto los modelos de gestión y las prioridades políticas, como la capacidad, idoneidad y hasta la humanidad de los y las dirigentes.

En una Latinoamérica en transición  y castigada por una serie de gobiernos neoliberales, la emergencia sanitaria resulta un desafío complejo, una ecuación con muchas variables que atender. La injerencia del capital financiero especulativo, los mercados poco regulados, así como la falta de infraestructura e inversión pública en países con soberanías vulneradas, hacen de la región un escenario importante de analizar. En este contexto la respuesta estatal resulta vital para el cuidado de la salud de las poblaciones, y también fundamental para la protección de las economías familiares, los puestos de trabajo y el entramado social en su conjunto, que atraviesa circunstancias delicadas.

El cono sur nos acerca un panorama de respuestas con sus distintas formas de enfrentar el contexto, aunque con un denominador común: la valiosa ventaja de ser una de las regiones a las que más tarde llegó el virus. Las experiencias de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil demuestran en gran medida, la heterogeneidad política, la disociación regional y lo complejo de la situación en nuestra Latinoamérica frente a la crisis del coronavirus.

Argentina, un Estado protagonista

El caso de Argentina es señalado como uno de los más sagaces por la rápida reacción ante el avance del coronavirus. Al conjunto de decisiones anticipadas, se le sumó el conocimiento interno de las limitaciones del sistema de sanidad pública (que entre otras cosas fue desfinanciado y despreciado por las políticas neoliberales de los últimos 4 años, al punto de eliminar el Ministerio de Salud como tal durante parte del 2018 y el 2019, jerarquía que fue restituida por el gobierno actual el diciembre pasado).   

A sabiendas de lo ocurrido en países como Italia y España, el Estado Nacional instrumentó raudamente un conjunto de medidas en virtud de preservar la salud de la población, tales como el cierre de fronteras y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Al mismo tiempo se estableció la construcción de hospitales de campaña y el incremento presupuestario para las áreas sanitarias así como para la investigación, el desarrollo y la producción de insumos médicos. Tanto la ciudadanía como la oposición política legitimaron este nuevo escenario, manifestando su acuerdo y generando un amplio consenso al respecto.

El accionar público y el alcance de las capacidades estatales no se limitó a lo estrictamente sanitario. En un contexto macroeconómico más que complejo y en el marco de una ardua renegociación de la deuda externa, el gobierno argentino redobló la apuesta reforzando sus prioridades y destinando sus esfuerzos y recursos a amplios sectores de la ciudadanía. En este sentido, se establecieron medidas para el fortalecimiento del sistema de contención social que tienen como objetivo apaciguar el impacto de la emergencia sanitaria en los trabajadores y trabajadoras, el desarrollo productivo y la economía en su conjunto.

Un Ingreso Familiar de Emergencia alcanzó a casi 8 millones de personas, entre ellas, beneficiarios y beneficiarias de planes sociales,  trabajadores y trabajadoras de la economía informal y de casas particulares, y al caudaloso segmento de autónomos y autónomas. Se prohibieron los despidos y los desalojos, se congelaron los alquileres y las cuotas de hipotecas, se prohibió el corte de servicios públicos y se establecieron medidas de control de precios para productos esenciales.  Del mismo modo, se implementó una serie de iniciativas económicas con el objetivo de contener un eslabón fundamental en la cadena productiva: las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se establecieron programas especiales para la asistencia financiera a las provincias, entre otras.

El neoliberalismo causó mucho daño al entramado institucional público, que hoy resulta vital. Luego de 4 años de hegemonía de libre mercado, la política argentina vuelve a poner el bienestar de la población en el centro. El gobierno argentino fijó sus prioridades desde el comienzo y se propuso la consolidación de los sistemas públicos a partir de una mayor inversión en el gasto social que opera, ante todo, sobre una profundización en la redistribución de la riqueza.

Uruguay, la continuidad histórica de lo público

El caso uruguayo presenta muchas coincidencias con el argentino, teniendo como centro a un Estado y un sistema público que reaccionó de manera anticipada frente a la pandemia, considerando los estragos que la misma había causado en los países afectados con anterioridad.

Utilizando el aislamiento voluntario como medida sanitaria fundamental, el Estado lanzó un paquete de disposiciones económicas en dirección a fortalecer el sistema público de salud, así como también a generar condiciones flexibles en cuanto a las líneas de crédito, préstamos a empresas, aplazamientos de algunos pagos impositivos y la extensión del régimen especial de seguros para personas en paro. A pesar de un déficit fiscal muy preocupante en términos de compromiso del PIB, el gobierno no dudó en que el sistema público debía hacerse cargo de aquellas personas que se vieran directa o indirectamente perjudicadas por la interrupción o la disminución de su trabajo.

Mediante la utilización de créditos multilaterales con diferentes organismos internacionales, el recién asumido gobierno marcó una continuidad en cuanto a los roles y las responsabilidades que históricamente el Estado uruguayo ha asumido en materia tanto social como económica, endeudándose y acrecentando su déficit público pero sin dejar de prestar sus servicios esenciales. En esta línea, a pesar de mínimas diferencias, el entero sistema político uruguayo, junto con organizaciones sociales, se han manifestado en concordancia general con lo decretado por el Ejecutivo.

A pesar de haber asumido en marzo un nuevo gobierno declaradamente cercano a los ideales del liberalismo económico, el mismo ha decidido utilizar al sistema público como sostén y pilar fundamental en la lucha contra la pandemia. En este sentido -y quizá contra todo pronóstico- se ha decidido continuar con una línea histórica que ha caracterizado al Estado uruguayo como uno de los más cercanos al modelo de bienestar dentro de la región.

Chile, el precio de un sistema privatizado

La particularidad del caso chileno resulta esclarecedora en el análisis de los roles y responsabilidades estatales en este contexto. A pesar de implementar el conjunto de medidas preventivas recomendadas por la OMS, la situación chilena evidencia la estructura neoliberal que sostiene tanto al sistema sanitario público, como al Estado en su conjunto. La atención de lo estrictamente sanitario y los esfuerzos por controlar la pandemia han mostrado las prioridades del gobierno, que ha relegado a un segundo plano los aspectos socio-económicos y de asistencia social.

Este modelo de libre mercado ha demostrado en repetidas ocasiones sus flaquezas y su extrema inequidad, lo que ha generado como contrapartida, la explosión de las históricas protestas populares que, de alguna forma, continúan hoy desde el confinamiento. La emergencia sanitaria y el enfriamiento de la economía van en dirección de agudizar severamente estas desigualdades.

El escenario que genera el coronavirus, acelera de manera exponencial una crisis económica que se ha venido gestando desde años anteriores. El panorama actual deja en jaque al funcionamiento de procesos claves para la economía como el sistema productivo y el previsional. En el plano empresarial y de empleo, la Dirección del Trabajo dictaminó que por motivos de la cuarentena obligatoria, se exonera a las partes contratantes de las obligaciones recíprocas que les impone el propio contrato de trabajo; en otras palabras, significa que el trabajador no está obligado a cumplir sus funciones, así como su empleador tampoco lo está a pagar sus remuneraciones. La situación de los fondos de administración de pensiones pertenecientes al sector privado, también entran en un terreno delicado. Su lógica basada en el ahorro y la capitalización individual se ve alterada, lo que puede derivar en impedimentos al acceso a las jubilaciones en los próximos períodos.

El contexto de emergencia sanitaria generó una situación compleja, pero no novedosa. Los problemas estructurales del sistema económico y social chileno salen a la luz en esta coyuntura y se manifiestan de forma explícita, dejando al desnudo su fragilidad y su profunda desigualdad.

Brasil, el paradigma de un gobierno ausente

La situación en Brasil es radicalmente diferente a la de sus países vecinos y refleja de manera clara la irresponsabilidad de las altas esferas políticas en cuanto a las medidas frente al avance de la pandemia. Basta con repasar las declaraciones del presidente Bolsonaro para dimensionar sus prioridades y posiciones frente al avance del virus. Sus dichos, acompañados por la nulidad de medidas para paliar la complicada situación -que en gran parte ha sido generada por su propia negligencia- le han llevado a enfrentamientos tanto con gobernadores (incluso de su partido) como con su propio gabinete ministerial dando lugar a una profunda crisis política.

La evitable situación actual (gran aumento de casos y escasa contención) se ha producido debido a las decisiones del propio presidente, quien se ha negado a seguir las recomendaciones básicas de la OMS inclusive en momentos donde otros países se veían desbordados y colapsados debido a la pandemia. La negativa presidencial de asumir responsabilidades a nivel nacional generó además que las cifras oficiales registradas sean muy criticadas y puestas en cuestión por diferentes organismos locales e internacionales, acusando al gobierno de tergiversación con el objetivo de no mostrar la realidad sanitaria de personas infectadas y fallecidas.

El gobierno nacional brasileño es un caso paradigmático en el mundo por su insistencia en la subestimación de las consecuencias sanitarias del coronavirus. La pretensión del presidente de continuar con las actividades comerciales y económicas como si nada ocurriera, así como la falta de inversión extraordinaria en el sistema sanitario, hace peligrar gravemente la salud pública del país. La emergencia sociosanitaria y su propio autoritarismo han puesto en jaque a Bolsonaro. La decisión de no tomar el problema de forma seria redunda en una falta de contención y de asistencia social y en una insuficiencia del sistema de salud. Por otro lado, provoca que sean los gobiernos locales quienes tengan que tomar medidas inconexas y contrarias al gobierno nacional para salvaguardar a sus poblaciones; este cortocircuito multinivel agudiza la crisis política y deteriora la legitimidad de la democracia.

Brasil es el país latinoamericano en donde más rápidamente avanza el virus y en donde menos medidas se han tomado tanto para evitar su transmisión como para amortiguar el impacto de la disminución de la actividad productiva. La crisis sanitaria convive con la política, a la que se suman las implicancias económicas: se estima una de las recesiones más grande en la historia de la región, en la que Brasil no será la excepción.

Lo público, la vida en el centro

Esta emergencia mundial obliga a cada país a mirarse a sí mismo, a repensar su estructura, sus capacidades y sus posibilidades. Contra todo pronóstico globalizador, esta pandemia llama de manera crítica a la puerta de los Estados-Nación, de los nacionalismos y de los localismos. La problemática de la producción y distribución de insumos, así como del abastecimiento de alimentos, se experimenta de forma muy inequitativa, a tono con las desigualdades con las que el sistema imperante nos trajo hasta este punto. Inexorablemente, la situación futura llamará a repensar los vínculos y la colaboración internacional en pos de una integración que permita afrontar los problemas de manera regional y colectiva.

Los sectores liberales que históricamente han criticado a los Estados Latinoamericanos, argumentando una supuesta sobredimensión, una desmedida intervención económica, y una notable ineficacia, son los mismos que ante las condiciones de la emergencia, reclaman su presencia y ayuda. La paradoja de la lógica privada, donde los Estados salen al rescate cuando el capital se ve amenazado.

Lo cierto es que esta situación no hace más que desenmascarar, una vez más, la enorme tensión que existe en la región entre los poderes fácticos, corporativos y financieros (el poder real), y el poder político, que se expresa en una constante disputa por la soberanía, los modelos económicos y el destino de los países. Es necesario el debate en torno a la búsqueda de un orden social más justo que ponga en jaque a las grandes fortunas y establezca límites a la acumulación; que cuestione la legitimidad del capital financiero y los monopolios, y que ubique, por sobre todas las cosas a los derechos ciudadanos, al bienestar colectivo y a la vida en condiciones dignas. En este sentido, es de esperar que este sea un momento que permita comprender, valorar y defender la importancia de lo público. Y que consolide en el centro de la escena, a los Estados como piezas claves de la transformación social.

¿Quieres leer más artículos como este sobre Latinoamérica frente a la crisis del coronavirus?

En MQP hemos elaborado un ‘Especial Crisis del Coronavirus‘. Aquí, analizamos, junto a la respuesta de Latinoamérica frente a la crisis del coronavirus, temáticas sobre la Unión Europea, la infodemia y fake news o el papel de la política de cohesión europea.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *