Menú Cerrar

35 años de política de cohesión ante el abismo de una nueva recesión

La política de cohesión de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus

El papel de la política de cohesion europea en tiempos de coronavirus

La nueva e inédita detracción económica que trae consigo la crisis del coronavirus sucede en un momento de transformación de la política de cohesión europea, que busca modernizarse y orientarse a partidas muy concretas. Sin embargo, muchas voces cuestionan que esta política pueda servir de algo cuando países como Italia y España se han revelado extremadamente dependientes financieramente para enfrentar el shock económico vinculado al COVID-19.

Una de las frases más célebres de la economía moderna sobre los períodos de crisis corresponde al legendario inversor estadounidense Warren Buffett: “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. Eso es precisamente lo que le está ocurriendo a la economía de la Unión Europea con la emergencia del coronavirus, solo siete años después de haber superado la crisis de deuda que prosiguió al derrumbe financiero de 2008. Los países de Europa parecen incapaces de poder ofrecer soluciones dinamizadoras de sus economías, a pesar de que, en el caso de España, buena parte de sus regiones han recibido fondos de cohesión comunitarios durante los últimos 35 años.

La política de cohesión, herramienta clásica de la Unión Europea

Junto con la PAC (Política Agrícola Común), la política de cohesión supone una de las herramientas clásicas de la Unión Europea. Sus principales objetivos son la convergencia, es decir, la homogeneización en positivo de los indicadores económicos de los países europeos, la competitividad regional y empleo, y la cooperación territorial. No obstante, la mayor parte de los fondos se destinan a la convergencia, aplicándose en aquellas regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE. En 1986, las regiones españolas, a excepción de Cataluña y País Vasco, eran receptores por completo de estas ayudas, algo que ha ido cambiando por el propio crecimiento de España y la entrada en el club comunitario de países menos desarrollados en términos comparativos.

La política de cohesión no utiliza exactamente el marco territorial definido por los Estados miembros, sino el sistema NUTS, que divide cada país en tres niveles de unidades estadísticas en función del tamaño de la población. En el caso de España, la ampliación de la UE al Este en 2004 supuso que solo quedaran cuatro regiones en el objetivo de convergencia para el período 2007-2013: Andalucía, Castilla La-Mancha, Extremadura y Galicia. Antiguos territorios netamente receptores, como Ceuta, Melilla, Asturias y Región de Murcia, siguieron recibiendo una ayuda a la exclusión gradual (“phasing-out”) para amortiguar el impacto de la ausencia de financiación.

Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana se situaron en el objetivo de competitividad regional y empleo (regiones que superaron el objetivo del 75% en el antiguo marco de la UE-15 a partir de 2007), lo que aún suponía obtener fondos, mientras que el resto de comunidades autónomas únicamente formaban parte de la generalista cooperación territorial europea. Esta transición se aceleró en el período 2014-2020, puesto que solo Extremadura quedó como región en desarrollo, ubicándose el resto tradicionalmente más desfavorecido en la red de seguridad de la exclusión gradual.

España, receptor de fondos desde su incorporación a la UE

Tras el Brexit, España se ha convertido en la cuarta economía de la Unión Europea. Además, la merma del 11% del presupuesto comunitario por la salida de Reino Unido implica en términos porcentuales que España deba convertirse en contribuyente neto de la UE, tras ser receptor desde su incorporación hace casi 35 años. La transición a esa nueva realidad lleva lustros produciéndose, pero en la sociedad aún se percibe una cierta cultura de la subvención, así como una crítica a que estos fondos no han conseguido los objetivos fijados, visible en las elevadas tasas de desempleo.

Aunque ya nos parezca lejano, antes de la aparición del coronavirus el debate europeo versaba sobre la definición de la nueva política de cohesión para el período 2021-2027. La Comisión Europea apuesta por una modernización, que en la práctica significa limitar fondos e incluir mecanismos de condicionalidad, que vinculan su concesión a introducir reformas o respetar el Estado de derecho. En cambio, el Gobierno español ha demandado con vehemencia que el país siga recibiendo abundante financiación comunitaria para sus regiones, algo que entronca con la citada cultura de subvención, pues difícilmente el ejemplo español pueda compararse con el de otros Estados miembros mucho menos desarrollados.

¿Debía la política de cohesión mejorar los modelos productivos?

En los 35 años de política de cohesión en España, dos han sido los mecanismos principales: el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo). Gracias al FEDER España cuenta con una moderna red de autovías, aeropuertos punteros y es el país con más kilómetros de alta velocidad por habitante, infraestructuras sin las cuales el potencial económico del país sería probablemente menor. Sin embargo, las mayores críticas las recibe el FSE, dado que la sangría del paro no ha cesado de ser un mal endémico español. En este sentido, se ha de valorar que la política de cohesión económica, social y territorial es una competencia compartida de la UE, por la cual la Unión solo interviene siguiendo el principio de subsidiariedad, es decir, solo actúa cuando su acción resulta más eficaz. Esto significa en la práctica que la gestión de los fondos de cohesión ha recaído en instituciones españolas, tanto el Estado como las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, estos dos últimos muy activos en las políticas activas de empleo.

Se critica que la política de cohesión no ha logrado un cambio de los modelos productivos, pero es que seguramente ese no era el objetivo de esta iniciativa europea ni tampoco estaba capacitada para ello. La dimensión productiva de un país se encuentra vinculada a la cultura política y empresarial del territorio, que actúan de manera preexistente en muchos casos de la Unión Europea, como sucede en la tradición gremial alemana que se sobrepuso a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Por parte de las instituciones regionales españolas no se ha percibido una intención de aprovechar estas ayudas como un medio para transformar la economía, sino como subvenciones con las que conseguir empleo y votos en momentos determinados.

El euroescepticismo amenaza en tiempos de coronavirus

Desde el fin de la crisis iniciada en 2008, el crecimiento económico de la UE en el que participa la política de cohesión ha sido tenue, lejos de la vigorosidad norteamericana propiciada por enormes estímulos fiscales. La emergencia del coronavirus ha quebrado la débil recuperación europea y ha encendido las señalas de alarma sobre el futuro de la Unión. Es indudable que muchos ciudadanos se encuentran descontentos con la gestión comunitaria del coronavirus. De hecho, uno de los laterales de la sede en Bruselas del Parlamento Europeo ha aparecido con la pintada “Leur désaccords nous tuent et leus accords nous pillent” (“Sus desacuerdos nos matan y sus acuerdos nos saquean”).

Muestra de auge del euroescepticismo en países como España es que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó una tribuna en El País defendiendo su labor, práctica que repitió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en El Mundo. Hasta el propio Pedro Sánchez ha aprovechado las páginas de El País para reclamar que Europa se la juega y que no puede quedarse atrás con respecto a Estados Unidos en la movilización de recursos públicos para hacer frente a la pandemia.

La cohesión, elemento fundamental en la supervivencia del proyecto europeo

La gravedad del COVID-19 constituye una nueva señal de alarma para el futuro de la Unión Europea, la enésima en una tendencia que se percibe como rutinaria. Es cierto que el proyecto europeo parece funcionar de crisis en crisis, desde la ‘silla vacía’ en la década de los sesenta, al ‘opting-out’ británico en los ochenta, la fracasada Constitución para Europa en 2005 o la votación del Brexit en 2016. pero no se debe subestimar la ola euroescéptica que el coronavirus pueda causar. Nadie sabe cuál va a ser la incidencia histórica de esta crisis y probablemente algunas previsiones pequen de sobreestimación o subestimación, pero el panorama para la Unión Europea se antoja complicado ante la senda de proyectos inconclusos que dibuja este virus.

En este contexto, la política de cohesión puede jugar un papel fundamental en un continente que se divide por momentos. En pleno torbellino de la crisis de deuda en julio de 2012, el entonces presidente del BCE Mario Draghi formuló su conocida frase “whatever it takes”, aludiendo a que el Banco Central Europeo haría lo que fuese necesario para sostener el euro. Esa simple frase tranquilizó a los mercados y recompuso a la moneda única. La emergencia del COVID-19 requiere también de una defensa contundente de los mecanismos de desarrollo comunitarios, incluida una esencial política de cohesión en plena discusión para el período 2021-2027. Como ha señalado el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, “el problema no es Italia o España; si no se asume que hay que fortalecer a todos, no se está entendiendo la catástrofe a la que nos enfrentamos”.

¿Quieres leer más artículos como este sobre la política de cohesión europea ante el coronavirus?

En MQP hemos elaborado un ‘Especial Crisis del Coronavirus‘. Aquí, analizamos, junto al papel de la política de cohesión europea ante el coronavirus, la respuesta de la UE a la crisis del coronavirus, cómo vacunarnos ante el virus de las fake news, la infodemia y el derecho a la información veraz, la situación de Latinoamérica frente a la crisis del coronavirus, o la incertidumbre que la COVID19 nos presenta de cara al futuro.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *