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Bonos de carbono: el mercado de los bosques

Bonos de carbono y mercado, hacia un futuro verde

‘Bonos de carbono: el mercado de los bosques’ es un artículo escrito de manera conjunta por M. Eugenia Mediavilla y Adriana Bohórquez Díaz para MQP.

¿Qué son los bonos de carbono, quiénes los pensaron, qué estructuras los posibilitan y qué efectos tienen sobre el ambiente y las poblaciones del Sur Global? Estas son algunas de las preguntas que nos llevaron a escribir este artículo. El tema se puede problematizar desde dos perspectivas: la estructural, el sistema capitalista en su fase de financiarización de la economía tratando de cooptarlo todo a través del green washing, y la local, cómo lo viven las poblaciones implicadas, con los antagonismos que toda práctica social implica, y por qué las comunidades indígenas y campesinas no están siendo, aunque deberían ser, protagonistas de este debate.

Habitar el bosque, trabajar la tierra… la agricultura ha sido reconocida como uno de los oficios que nos ha permitido organizarnos y configurarnos como sociedades, como humanidad, y se ha construido precisamente a través de la intervención y trabajo con los bosques. Sin embargo, en este oficio se ha manifestado la desigualdad latente en el sistema socioeconómico, llevando a la concentración y el conflicto por la tenencia de la tierra y la depredación del bosque, lo que ha desembocado en esa dualidad campesinado-latifundio, en la que finalmente parece no existir un reconocimiento del proceso de conservación que las comunidades campesinas e indígenas (que han habitado históricamente en zonas consideradas de importancia ecosistémica) realizan de la naturaleza y, para este caso en particular, de los bosques.

Mercados de carbono y mecanismos de poder

Este trabajo-cuidado con los bosques es lo que ha permitido que se lleve a cabo la captura de carbono –entre los llamados “servicios ambientales”–, que tanta relevancia ha cobrado para la humanidad dada la huella sobre la naturaleza (de carbono, hídrica, etc.) que se ha profundizado en el último tiempo. Este servicio ecosistémico parece no tener un reconocimiento social, como tantos otros trabajos casualmente relacionados con los cuidados y la reproducción de la vida; de allí la importancia no solo de entender la captura de carbono sino los mecanismos de poder que operan en su gestión a través de los mercados de carbono. 

Estos últimos están atravesados por la lógica de acumulación que, bajo la premisa del “interés colectivo para la mitigación y adaptación al cambio climático”, parece omitir la resolución de los problemas estructurales que podrían brindar una solución sustentable, colocando en segundo lugar la discusión sobre la tenencia de la tierra, el buen vivir de las comunidades, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza y un reconocimiento justo del trabajo de conservación realizado por las comunidades.

¿Qué son los mercados de carbono? 

Los mercados de carbono representan un sistema mediante el cual se “limita” y controla la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) que emiten anualmente a la atmósfera diferentes actores (Estados, empresas). Esto se hace a través de la compra-venta de bonos de carbono, también llamados Certificados de reducción de emisión de GEI, donde cada uno de estos bonos representan cantidades de CO2 “no emitidas” (lo que en realidad es CO2 capturado por la biomasa en algún lugar del mundo, no significando necesariamente que el actor haya dejado de emitir) que pueden ser comercializadas libremente.

Hay dos tipos de mercados: el regulado, que opera sobre las obligaciones en base a compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 -a niveles nacionales, regionales e internacionales-, y el voluntario, que funciona a demanda opcional y no sólo involucra a Estados y empresas sino también a ONG y particulares.

Desde el año 1991 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) viene trabajando junto a la ONG estadounidense Environmental Defense en la posibilidad de un comercio mundial de emisiones de CO2. En el Protocolo de Kioto de 1997 se proponen los mercados de carbono como mecanismo internacional de reducción de emisiones, pero éstos no entran en vigor hasta el año 2005.

Bonos de carbono regulados a nivel local, nacional y regional

Desde entonces el mercado de emisiones y bonos de carbono está funcionando alrededor del mundo a través de regulaciones a nivel local, nacional y regional. Si bien se logran instalar con mayor peso en el Acuerdo de París en 2015, a la fecha todavía no se aprobaron las reglas mediante las cuales realizar la contabilidad de las emisiones y un seguimiento efectivo de la regulación de dicho mercado a nivel global, cosa que se suponía iba a suceder en la última cumbre del clima de Madrid en 2019. 

Vale destacar como uno de los esquemas de compensación más relevantes a nivel global el de la Reducción de Emisiones de la Deforestación de los Bosques (REDD y REDD+ en su versión más reciente). El mismo se ha implementado a través del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial y está destinado a gobiernos, empresas y (al menos en teoría) habitantes de los bosques para conservar intactos los espacios verdes, a quienes, a partir de la implementación de proyectos, se les ha empezado a pagar de acuerdo con la cuantificación/monetización del carbono que es capturado por los bosques o espacios verdes preservados o conservados.

Discusiones alrededor de los mercados de carbono

Desde la óptica de muchas organizaciones campesinas y ambientalistas, incluida La Vía Campesina, la creación de un mercado global de carbono es una distracción por parte de las grandes empresas y los sectores más poderosos del capital financiero global para continuar emitiendo GEI, “responsabilizarse” ante la emergencia ambiental, seguir mercantilizando la naturaleza y “cambiar algo para que nada cambie”. Este mercado es un mecanismo de compra-venta de emisiones, en donde se puede comprar el “derecho a la contaminación”, algo no muy diferente de usar la naturaleza como un capital para hacer negocios, negando los derechos a la tierra y los conocimientos tradicionales de comunidades campesinas e indígenas. Se impone, así, una racionalidad que legitima el sistema a través de la publicidad de la economía verde (y sus tecnologías) como solución. 

La compra de este –mal llamado– ‘derecho a contaminar’, ha llevado a una pugna por los derechos de propiedad sobre los bosques y los “servicios” que ellos ofrecen a la humanidad. De esta manera, surge el dilema sobre los bienes comunes que estos bosques representarían y sobre su propiedad. Esta es una discusión en la que será necesario reconocer los derechos que las comunidades que los conservan tienen, apelando, incluso, a un modelo de propiedad colectiva/comunitaria. Del mismo modo, será necesario reconocer el deber de los Estados y gobiernos de ofrecer alternativas sustentables que permitan a las comunidades tener un buen vivir y no, por el contrario, impulsar procesos de coacción en donde dicha propiedad (que puede ser comunitaria) se desdibuja y se pierde en favor del capital que ha comprado ese ‘derecho’. 

Derecho a contaminar y colonialismo climático

Hay resistencias y sectores movilizados. Estas voces advierten que estos mecanismos mercantiles son una expresión del colonialismo climático, que obliga a muchas poblaciones del Sur Global a relocalizarse porque viven en lugares en los que grandes empresas quieren llevar a cabo sus proyectos extractivistas o plantaciones extensivas de monocultivo. Estos proyectos afectan no sólo la base material de estas poblaciones, sus territorios y sustento, sino también su base simbólica, atentando contra su cultura a través de la imposición del modo occidental de ver el mundo como el único válido.

Sin embargo, también es necesario reconocer, por un lado, el sistema en el que nos encontramos y las posibilidades de ir (de)construyendo proyectos para tener un buen vivir bajo las condiciones que nos son permitidas, en donde la conservación productiva es una opción. Y, por otro, las necesidades que apremian a estas comunidades a las que hemos venido haciendo referencia. Bajo esta coyuntura, existen hoy en día poblaciones campesinas e indígenas que ven precisamente en estos servicios ambientales, dentro del contexto en el que vivimos, una oportunidad para generar alternativas socioeconómicas, medios de vida sustentables, con gobernanza ambiental efectiva, donde poder ir cimentando sus proyectos de vida. 

Tiempo de disputa de sentidos

Lo anterior abre una necesaria discusión desde la perspectiva democrática –entiéndase desde su perspectiva deliberativa- con los Estados y sus gobiernos neoliberales (que han priorizado las lógicas de los grandes capitales sobre el papel del campesinado y las comunidades indígenas). La justicia socioambiental busca que los Estados no funcionen solamente como un mediador del mercado que garantice el reconocimiento monetario justo de la labor realizada por las comunidades en la conservación, sino que, genere todas unas garantías de derechos, donde la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la gobernanza ambiental y social, entre otras, sean efectivas. Esto obliga a los Estados a abandonar la perspectiva mercantil y adoptar el paradigma de la justicia ambiental. 

Así que habrá que preguntarse en este contexto, si se pueden reestructurar los bonos de carbono desde una perspectiva colectiva y comunitaria, en donde se reconozca integralmente el trabajo que hacen las comunidades con los ecosistemas al conservarlos y donde, a la par, se desarrollen acciones efectivas para la reducción de las emisiones de carbono y la transformación de las formas de producción.

Construyendo un horizonte verde

Seguramente no sea necesario ponernos de acuerdo de manera unívoca sobre esta cuestión, para no generar nuevos dogmas que terminen cerrando, más que abriendo, los horizontes de presente y futuro. Lo que sí sería bienvenido es empezar a trabajar sobre los contenidos de esos horizontes que todavía siguen en construcción y que, desde la aparición de la última pandemia, nos han abierto una posibilidad muy peculiar de disputa de sentidos, y en particular de desafío al sentido común economicista y hegemónico.

En 2019 se dio a conocer el informe “perspectivas del medio ambiente mundial 6” por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde se sostiene que el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social y se calcula que nueve millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire y el agua.

En 2018 fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el ambiente, esto significa tres asesinatos por semana, más de la mitad de los cuales fueron en Latinoamérica, de acuerdo con el último dato publicado por Global Witness, una ONG que trabaja por la visibilización de conflictos socioambientales, por los derechos ambientales y los derechos humanos. 

Si vamos juntando las piezas de este rompecabezas tendremos una fotografía distópica. Pero la coyuntura actual de la pandemia, y la crisis del coronavirus, parece habernos hecho entender, o al menos poner en discusión, que podíamos empezar a pensar y actuar por fuera de los límites que el sistema nos impone. Como dice Arturo Escobar, antropólogo colombiano que trabaja desde la ecología política latinoamericana, «no podemos imaginar y construir el postcapitalismo con las categorías y experiencias que crearon el conflicto». 

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